Luego de que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) anunciara que, por orden de la presidenta Xiomara Castro, se está preparando un proyecto de ley de emergencia para asistir a los afectados por la presunta estafa de la empresa Koriun Inversiones, diputados oficialistas y opositores han comenzado a posicionarse frente a la iniciativa.

Desde el oficialismo en el Congreso Nacional (CN), han asegurado estar listos para apoyar la normativa, que daría legalidad al traslado de fondos del Presupuesto General de la República con el fin de resarcir a los inversionistas perjudicados. Sin embargo, han señalado que esperarán conocer los términos específicos del proyecto para emitir una posición definitiva.

“Lo que quiere el gobierno de la presidenta Xiomara es que los pobres no queden desprotegidos. Tenemos un sentido de responsabilidad y vamos a analizar responsablemente el decreto cuando llegue”, expresó el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios.

Medida populista

No obstante, la oposición ha reaccionado con firmeza al calificar la propuesta como una medida populista, asegurando que el Estado no puede usar recursos públicos para cubrir pérdidas privadas derivadas de irregularidades financieras.

“No podemos utilizar los recursos del Estado para este tipo de situaciones. El pueblo hondureño no debe ser quien pague los errores o abusos de otros”, señaló el legislador del Partido Nacional, Daniel Discua.

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Acompañamiento

En tanto, expertos legales han planteado la necesidad de acompañar este proyecto de ley con reformas estructurales.

Álex Navas, exfiscal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) enfatizó que es urgente reformar el Código Penal y crear una legislación específica que regule la devolución de fondos a víctimas de estafa financiera.

Por su parte, el profesional del derecho, Jaime Rodríguez advirtió que “cualquier funcionario que entregue dinero público sin respaldo legal comete una arbitrariedad. Nadie está por encima de la ley”.

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Reglas claras

Asimismo, otros profesionales del derecho recomendaron que el decreto sea claro, sin vacíos legales que generen interpretaciones ambiguas o posibles abusos.

Se espera que en los próximos días la CNBS remita el decreto de emergencia al Congreso Nacional, donde iniciará un debate que promete ser intenso y cargado de implicaciones económicas, legales y políticas.

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