Diversas reacciones de funcionarios ante la ampliación del estado de excepción en Honduras
La reciente aprobación de la ampliación del estado de excepción por el Consejo de Ministros ha generado diversas reacciones en el Congreso Nacional y en diversos sectores de la sociedad, esta decisión impacta directamente en el proceso de las elecciones primarias que se celebrarán en los próximos meses.
En ese sentido, el sector nacionalista ha expresado su rotundo rechazo a la medida, señalando que esta ampliación pone en peligro la democracia del país. La diputada Johana Bermúdez, del Partido Nacional, calificó la medida como “un atentado contra la democracia” y afirmó que, durante el proceso electoral, el estado de excepción intimidará y amedrentará a los jóvenes, desincentivando su participación en las urnas.
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«Hemos estado denunciando en forma reiterativa que no puede haber un estado de excepción en pleno proceso electoral porque eso intimida, amedrenta y ahuyenta a que los jóvenes vayan en forma libre a votar en las elecciones», subrayó Bermúdez.
Por otro lado, el diputado Juan Ramón Flores, del Partido Libre, defendió la medida, argumentando que la decisión responde a los altos índices de criminalidad en el país.
«Ellos ya lo saben, hablan de que El Salvador ha dado resultados, pero cuando aquí lo aplicamos están en contra. Todo aquel que se opone a esta norma solo son delincuentes, robacarros, extorsionadores, asaltantes y criminales organizados», expresó Flores.
Sector transporte pide resultados tangibles
Desde el sector transporte, el dirigente Wilmer Cálix manifestó su preocupación ante la prolongación del estado de excepción, destacando que, a pesar de las medidas, la extorsión no ha disminuido.
«Vemos que se prolonga el estado de excepción, pero hoy lo que queremos solicitar es que este año (2025) debe haber un resultado más contundente», señaló Cálix, quien agregó que, aunque se han logrado reducir las muertes violentas en el sector, la extorsión sigue siendo una constante amenaza. «Los empresarios y empleados viven con un temor constante por las acciones del crimen organizado», destacó.
Conadeh exige supervisión judicial y legislativa
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) también se ha pronunciado sobre la medida, instando a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a revisar la legalidad del decreto PCM-010-2025.
Asimismo, el organismo pidió al Congreso Nacional que cumpla con su mandato constitucional de aprobar, modificar o improbar los decretos relacionados con la suspensión de garantías. En su comunicado, el Conadeh detalló que, entre el 6 de diciembre de 2022 y el 31 de enero de 2025, recibió más de 700 denuncias contra agentes del orden por presuntas irregularidades durante la aplicación del estado de excepción.
De acuerdo al ConadehLas denuncias incluyen allanamientos arbitrarios, torturas, malos tratos y el uso excesivo de la fuerza, lo que ha generado preocupación en el ámbito de los derechos humanos. El Conadeh enfatizó la necesidad de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población mediante una supervisión judicial y legislativa rigurosa.
Este contexto pone en evidencia el debate en torno a la seguridad y la democracia en el país, mientras diferentes sectores exigen una solución efectiva a los problemas que han desatado el estado de excepción.
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