El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, en declaraciones a la prensa nacional, dijo estar en toda la disposición de someterse a cualquier investigación de la Fiscalía.

Lo anterior, por supuestas denuncias de prevaricato u otros ilícitos que ha denunciado Ramón Bertetty en una carta que le envió al Fiscal General, Johel Zelaya.

Mario Díaz, magistrado de la Sala de lo Penal, dijo que prefiere llamarse al silencio en este momento, mientras no se haga una petición formal por parte del Ministerio Público (MP).

“Yo estoy dispuesto a someterme como funcionario judicial y no tengo inconveniente en que realicen las corroboraciones necesarias para esclarecer este asunto”, subrayó Díaz.

Sin información del caso

Acto seguido, el magistrado Díaz indicó que no ha recibido una notificación formalmente de parte de la Fiscalía.

“Estoy en la completa disposición para poder someterme a cualquier proceso en el cual pueda ser sujeto a una investigación al respecto”.

¿Qué dijo Mario Díaz sobre las declaraciones del Fiscal General sobre la investigación de dos magistrados?

Al respecto, el profesional del derecho opinó: “Uno actúa con responsabilidad, en base a ley y en base a la normativa; soy funcionario de carrera y me he sujetado al debido proceso, no tengo ningún temor al respecto”.

 Además, agregó: “Los compañeros con los que hemos comentado esto, hemos concordado que colaboraremos en cualquier proceso de investigación; no debe de quedar en la opinión pública juicio de nosotros”.

¿Qué dice la carta de Ramón Bertetty?

En una presunta carta escrita a mano, el exfuncionario sentenciado por el caso de malversación de fondos del Seguro Social, Ramón Bertetty, denuncia al Fiscal General un “millonario soborno a magistrados”.

Según el documento, tanto Díaz como el magistrado de la Sala de lo Penal Nelson Mairena presuntamente han recibido tres millones de lempiras por casos que se ventilan en el poder Judicial.

De acuerdo a la denuncia de Bertetty, el señor Charles Bográn expresó que su esposa, Marcela Bográn, tramitó préstamos hipotecarios con un banco nacional con el fin supuestamente de cubrir los pagos a los magistrados de la CSJ y al secretario de la Sala de lo Penal.

Sin embargo, al recibir los fondos del préstamo, lo hicieron mediante la solicitud de un cheque de caja a nombre de uno de los trabajadores de Charles Bográn.

En la carta se señala a la abogada Raquel Núñez como intermediaria de Juan Ramón Cruz, secretario de la Sala de lo Penal.

Asimismo, señala a los magistrados Díaz y Mairena de supuestamente haber cometido los delitos de cohecho, prevaricato judicial, lavado de activos y extorsión.

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