La reciente acusación contra Jessica Cristina Guzmán Rodríguez, empleada de archivo del Poder Judicial en Danlí, El Paraíso, quien se encuentra señalada de falsificar la firma de un cabecilla de una banda criminal, ha reavivado las alarmas sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.

Ante dichas acusaciones y con la suspensión de otros funcionarios judiciales con sus respectivos requerimientos fiscales, diversos sectores de la sociedad exigen una urgente depuración en el Poder Judicial.

Según el abogado Marlon Arévalo, esta situación surge principalmente por las bajas remuneraciones que perciben los profesionales del sector, lo que lleva a muchos a ceder a tentaciones económicas y facilitar, en algunos casos, el accionar de grupos delictivos.

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«Muchos empleados del Poder Judicial se meten en el crimen organizado y empiezan a facilitarlo, principalmente por un tema económico. Los salarios en el Poder Judicial no son atractivos, y por ello, muchos profesionales con buenos currículos y capacidades no quieren trabajar en este sector”, expresó el abogado.

Tener cuidado para no llevarse a personas inocentes

Referente al mismo tema, el ex juez de sentencia, Juan Carlos Berganza, advirtió sobre los peligros de apresurarse a hacer acusaciones contra funcionarios y ex empleados públicos sin pruebas contundentes, tras recordar un caso reciente en el que una funcionaria del Tribunal de Santa Bárbara fue capturada y públicamente señalada, solo para ser posteriormente sobreseída, sin que se hiciera eco de la decisión.

«Que no se lleven de encuentro a personas inocentes. Yo recuerdo recientemente que capturaron a una persona en Santa Bárbara, que era secretaria del Tribunal, le hicieron un escándalo espantoso, y a ella le dictaron un sobreseimiento. Nadie dijo nada», comentó Berganza, refiriéndose al caso en el que la funcionaria fue arrestada bajo acusaciones, solo para ser liberada sin cargos.

Por otro lado, la Supervisión General del Poder Judicial ha recibido más de mil denuncias hasta la fecha, según informó Sandra Rodríguez, Supervisora Nacional. De estas, más de 500 se encuentran actualmente en proceso de investigación: “Este año, también hemos puesto a disposición del Ministerio Público 18 expedientes», afirmó la supervisora.

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