En San Pedro Sula, norte de Honduras, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), lograron desmantelar una red de cámaras de vigilancia operada por la pandilla 18, estos dispositivos, camuflados en cajas de fibra óptica, eran utilizados por la organización criminal para mantener un control total en barrios y colonias peligrosas de la ciudad, vigilando los movimientos de los habitantes y posibles operativos policiales.

El operativo, realizado en áreas clave de San Pedro Sula, representa un importante golpe a las estructuras de vigilancia de la pandilla en la zona. Según las autoridades, la instalación de estas cámaras buscaba garantizar el dominio territorial de la pandilla y obstaculizar la intervención policial en estas zonas vulnerables.

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En ese sentido, un miembro de la DIPAMCO explicó cómo la red de cámaras de vigilancia instalada por la pandilla 18 complicaba los operativos de seguridad en las colonias bajo su control: “Venía DIPAMCO a hacer algún tipo de allanamiento o captura, o la DPI, y los resultados eran mínimos, a veces no teníamos resultados. Nos dimos cuenta de que ellos tenían sistemas de seguridad a través de cámaras que instalan dentro de cajas, y la única función que estaban haciendo era vigilando la colonia y el ingreso de las personas.”

En un clima de vigilancia extrema, las autoridades han reportado un aumento en los decomisos de cámaras instaladas frente a postas policiales y torres de control. Este fenómeno, que analistas consideran una «invasión criminal de vigilancia,» despierta serias sospechas de colaboración entre elementos policiales y bandas criminales. Expertos sugieren que la depuración en cuerpos de seguridad.

«Nosotros venimos llamando a una depuración policial porque esta red del crimen organizado no funcionaría ni operaría si no tuvieran cómplices dentro de las fuerzas del orden público», afirmó un analista sobre la creciente preocupación por la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad.

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