«EN REBELDÍA»: A la cárcel envían a la exministra de Finanzas, Rocío Tábora
El Poder Judicial notificó la decisión del Juzgado en Materio de Criminalidad Organizada y Corrupción, la cual es la de dictarle la medida de prisión preventiva, a la exsecretaria de Finanzas, Rocío Tábora, todo ello después que emitieran una orden de captura.
El Ministerio Público (MP) informó sobre orden de captura en contra de la exministra de Finanzas, Rocío Tábora, quien enfrenta un proceso judicial por el caso de Hospitales Móviles.
Conforme a la publicación de la fiscalía, esta determinación se debe «al no presentarse a audiencia donde juez notificaría formalmente el cambio de medidas cautelares».
«Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción Notificó Resolución sobre cambio de medidas sustitutivas a la medida de Prisión Preventiva, a la ciudadana Rocío Tábora Morales, por suponerla responsable de Fraude en perjuicio de la Administración Pública«, señaló la Corte Suprema de Justicia.
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¿No se presenta a audiencia?
Según lo publicado por el MP, Tábora no compareció a la audiencia en la cual se le notificaría la revocación las medidas distintas a la prisión preventiva.
«El Ministerio Público pidió se declarara en rebeldía y solicitó la orden de captura contra la exfuncionaria, dictando un juez «con lugar» la petición de los fiscales adscritos a la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF)», cita parte del escrito.
Cabe señalar que, previamente se había dictado una medida cautelar a la exministra debido a su estado de salud, no obstante, revocarían esta decisión tras investigación de los fiscales de la Corte de Apleaciones.
¿De qué se le acusa a la exmininistra?
De acuerdo al MP, a Tábora se le supone responsable de los delitos de fraude a título de cooperador necesario y violación de los deberes de los funcionarios por la compra de hospitales móviles.
Este caso salió a la luz ante la adquisición de 7 unidades hospitalarias durante la crisis por la pandemia del Covid-19.
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Los dictámenes del MP, apuntaban a que los mismo no reunían las condiciones para lo cual fueron comprados, lo que significó un «enorme daño» a la salud y patriminio público. Se calculó un perjuicio económico superior a los 47 millones de lempiras.
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