Ante la denuncia prsentada por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el equipo de comunicación del Poder Judicial salió a defender que el proyecto sobre Ley de Justicia Restaurativa, número 19.935, no contempla el ingreso de causas por delitos graves, sexuales, ni agresiones a mujeres contemplados en la Ley de Penalización de violencia contra las mujeres.
Por el contrario, asesguran, el citado proyecto, aprobado en primer debate por el Plenario Legislativo, impulsa el apoyo, empoderamiento y preparación de las víctimas para que enfrenten el proceso penal.
Así se desprende de la reforma al artículo 54 de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal.
«Principio de Justicia Restaurativa: la protección de las víctimas en el proceso penal, penal juvenil y contravencional deberá considerar la restauración, la integración, la rehabilitación, la recuperación y su convivencia pacífica y segura en la familia y sociedad. Para lo cual toda intervención de las víctimas deberá tener un abordaje integral y holístico con el apoyo de programas restaurativos», señala la reforma agrega el inciso d) a la citada norma.
La atención a los ofensores en materia de género se aplicará únicamente en delitos de carácter patrimonial, es decir en los que no medie violencia, conforme lo solicitó el Inamu el 28 de febrero del 2018 y así se aprobó en primer debate legislativo.
Según informan en el Poder Judicial, en ninguna norma del proyecto de ley se contempla que los delitos de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, en los que media violencia y agresión sexual, se incluyen en el modelo de justicia restaurativa.
Enfatizan además que no es correcta la apreciación de que sean los mismos profesionales los que atenderán a las víctimas y las personas imputadas.
La propuesta de ley prevé la integración de equipos especializados para la atención integral de la víctima, así como la inclusión de equipos de funcionarios especializados en masculinidad para el abordaje de las personas imputadas, tal y como ocurre actualmente.
Esto cumple con los compromisos internacionales adquiridos por el país mediante la Convención Belém Do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El proyecto de ley brinda sostenibilidad a un programa que desde hace 6 años ha demostrado que es eficiente, no genera impunidad y parte de un modelo de justicia más humana.
¿Usted qué opina?