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Video: 500 padres inmigrantes inician huelga de hambre en Texas

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Los padres que permanecen en el centro de detención de familias de Karnes, al sureste de San Antonio, no comerán ni obedecerán las órdenes que les den. Sus niños no cumplirán con ninguna de las actividades escolares. Esa es la forma en que protestan para pedir que sus casos sean resueltos de forma inmediata.

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Olivio es uno de esos padres. En una entrevista realizada y compartida a Univision Noticias por el Centro para la Educación y Servicios Legales de Refugiados e Inmigrantes (RAICES), este guatemalteco contó que está detenido desde el 13 de mayo de 2018 y estuvo separado de su hijo durante dos meses y dos días.

Y aunque el padre firmó su deportación a cambio de que le devolvieran a su pequeño, ambos siguen recluidos en Karnes. «Desafortunadamente, no estamos al tanto de absolutamente nada, solo nos han dicho que seamos pacientes porque las leyes cambian continuamente. Sabemos que seremos deportados, pero no sabemos cuándo. No entiendo por qué las leyes de este país no nos dejan libres», reclamó Olivo.

Al hondureño Jorge lo detuvieron el 9 de mayo pasado y desde entonces ha estado en tres centros de detención diferentes. El último, Karnes. «Los niños ya no quieren estar detenidos (…) hay niños llorando y diciendo que quieren abandonar este lugar», aseguró. Dijo que una vez que le devolvieron a su hijo, recién el 23 de julio, le dijeron que serían liberados o deportados.

«No hay una solución para nosotros (…) ICE constantemente nos está diciendo mentiras. Cuando nos trajeros aquí (a Karnes) nos dijeron que nos reuniríamos con un oficial de asilo, pero no me he reunido con nadie«, denunció.

Este jueves la protesta será en los tres patios que tiene el centro. Cada quien se mantendrá en desobediencia en el que le corresponda. «No queremos que sigan haciéndonos sufrir como lo han hecho. Es inaguantable para nosotros», dijo Jorge.

«No somos criminales que necesitan estar detenidos por tanto tiempo (…) No cometimos un crimen, nuestra única ofensa fue cruzar la frontera, y en mi caso ya pagué en una prisión federal por eso».

Jorge contó la historia de uno de los padres, un guatemalteco, que intentó suicidarse tras enterarse de que su hermano había fallecido. ICE, aseguró, le prometió que sería deportado pronto para que pudiera estar con su familia, pero aún no lo han hecho.

«La situación actual en Karnes es una de las peores que he visto en mis 12 años de práctica legal», dijo en un comunicado el director de Servicios de Detención Familiar de RAICES, Manij Govindaiah. «Que estas familias sientan la necesidad de ir a una huelga muestra cuán cansados están de los juegos que esta administración sigue jugando con las comunidades vulnerables».

Nueva denuncia

En su cuenta de Twitter, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aseguró que introdujo una demanda contra ICE y el Buró Federal de Prisiones por «inhumanamente» detener a inmigrantes en prisiones federales.

La queja reposa en una corte de Los Ángeles y fue hecha a nombre de unos mil indocumentados que desde el 8 de junio fueron llevados a la cárcel federal de Victorville, en Riverside, desde donde denuncian poco acceso a servicios de salud, mala alimentación y poca comunicación con el exterior o acceso a la luz natural.

«Han creado una crisis de derechos humanos al negarles atención médica y alimentación adecuada, y han violado sus derechos de libertad religiosa», escribió ACLU en la red social.

No es esta la primera denuncia que se escucha contra los organismos de inmigración de Estados Unidos. A Jorge, por ejemplo, lo trasladaron a un centro en McAllen y lo recluyeron allí durante cinco días en los que no le dejaron ni ducharse ni cepillarse los dientes.

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En Los Ángeles ha habido varias denuncias. En un centro a 84 millas al este de la ciudad, el Victorville Correctional Complex, los inmigrantes pasaban encerrados en sus celdas la mayor parte del día sin poder bañarse, sin cambiarse el uniforme y les negaron la atención médica, la comida y el contacto con sus abogados. La denuncia la hicieron tanto legisladores federales como organizaciones de derechos humanos.

El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) conoce las condiciones en las que operan algunos de sus centros. Así por ejemplo, los castigos en la unidad para inmigrantes dentro de la cárcel Theo Lacy del condado Orange, en California, van desde el aislamiento sin derecho a visitas, ni salidas al patio, ni llamadas telefónicas, ni duchas diarias, y mucho menos la oportunidad de apelar a dicho correctivo.

La huelga que inicia este jueves comienza horas después de que se venza el plazo fijado por una corte federal del sur de California, en San Diego, para que el gobierno entregue una lista detallada de las familias que no han sido reunificadas tras haber sido separadas forzosamente en la frontera.

 

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