El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) ya se pronunció en contra de tres puntos del ley para fortalecer las finanzas públicas (20.580), que de aprobarse, reducirían el presupuesto de la universidades estatales.
La posición fue emitida tras la sesión del consejo n° 6199, del martes anterior, como respuesta a la consulta, que por mandato constitucional, realizó la Asamblea Legislativa el 18 de junio anterior.
Según indican en la casa de estudios, los recursos económicos que el Estado debe garantizar para el cumplimiento del derecho a una educación superior estatal. Como primer punto, en la UCR critican que los recursos menguarían debido a instancias no contempladas en el artículo 78 de la Constitución Política como parte del presupuesto destinado a la educación estatal.
Se refieren específicamente a la decisión del Gobierno de seguir el consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de incluir dentro del presupuesto educativo, la formación preescolar y al Instituto Nacional de Aprendizaje, con lo que, sin reducir el porcentaje del producto interno bruto (PIB), sí bajaría el monto destinado a la primarias, colegios y universidades.
En segundo lugar, señalan que con el proyecto se autoriza al Ministerio de Hacienda a fijar los montos asignados por ley que se destinan a las universidades, de acuerdo con el estado de las finanzas públicas y, finalmente, elimina algunos recursos que actualmente perciben las universidades y que resultan fundamentales para apoyar procesos de regionalización y desarrollo institucional.
La UCR presentó al Poder Legislativo un fallo de la Sala Constitucional en el que indicó que el presupuesto del INA no debe incluirse dentro del 8% del PIB destinado a educación. Según indican en el Consejo Universitario, incluir dicha institución, como la Red de Cuido, ‘violan el mandato establecido en el artículo 78 de nuestra Carta Magna’.
También cuestionan la intención que tiene el proyecto de reducir o eliminar los aportes adicionales asignados a las universidades vía leyes específicas, lo cual compromete aquellas acciones que son directamente financiadas con ese tipo de recursos.
Unas de las instituciones que afirman que se verían perjudicadas, es el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), entidad encargada de velar por la calidad de los productos utilizados en las carreteras del país.
Otro punto que critican del proyecto es el artículo 26, referente a pago de salarios y cesantías de en la Administración Central y Administración Descentralizada.El Consejo indica que aunque las universidades estatales tienen independencia total y autonomía del Gobierno, deberían excluirse en la ley de forma explícita.
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