El juez John Bates consideró la derogación del programa como «inexplicada» e «ilegal». El Departamento de Seguridad Nacional tiene 90 días para justificar la suspensión de DACA.
En el mayor revés para la administración Trump en su intento de poner fin a un programa que protege a algunos jóvenes indocumentados de la deportación, un juez federal dictaminó el martes que las protecciones deben permanecer vigentes y que el gobierno debe reanudar la aceptación de nuevas solicitudes.
El juez John D. Bates del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia dijo que la decisión de la administración de dar por terminado el programa, Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, se basó en los motivos «virtualmente inexplicables» de que el programa fue «ilegal».
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El juez suspendió su decisión durante 90 días y le dio al Departamento de Seguridad Nacional, que administra el programa, la oportunidad de explicar mejor su razonamiento para cancelarlo. Si el departamento no lo hace, debe «aceptar y procesar nuevas solicitudes de renovación de DACA», dijo el juez Bates en la decisión.
El fallo fue el tercero en los últimos meses contra la reversión de DACA por parte de la administración Trump. Los jueces federales en Brooklyn y en San Francisco emitieron mandatos que ordenan que el programa permanezca en su lugar. Pero ninguna de esas decisiones requirió que el gobierno aceptara nuevas aplicaciones.
El juez Bates, que fue nominado por el presidente George W. Bush en 2001, describió la decisión de la administración Trump de eliminar DACA como «arbitraria y caprichosa porque el departamento no explicó adecuadamente su conclusión de que el programa era ilegal».
El gobierno de Obama estableció el programa DACA sobre la premisa de que los niños traídos a los Estados Unidos deben ser tratados como de baja prioridad para la deportación.
Alrededor de 700,000 de los jóvenes inmigrantes, que son conocidos como Dreamers, se han inscripto pero deben renovar su estado de DACA cada dos años.
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El programa también les da la oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos. Los inmigrantes deben tener 15 años para solicitarla. La administración de Trump rescindió oficialmente DACA en marzo, pero las órdenes judiciales anteriores permitieron a los Dreamers presentar sus solicitudes de renovación.
En un comunicado, el Departamento de Justicia dijo que «continuará defendiendo enérgicamente» la legalidad de su decisión de poner fin al programa DACA y que esperaba «reivindicar su posición en futuros litigios».
El Departamento de Seguridad Nacional «actuó dentro de su autoridad legal al decidir cancelar a DACA de manera ordenada», dijo el comunicado del Departamento de Justicia. «Promover y hacer cumplir el estado de derecho es vital para proteger a una nación, sus fronteras y sus ciudadanos».
Los defensores de la inmigración elogiaron la decisión del juez Bates, diciendo que resaltaba el fracaso de la administración para justificar la finalización del programa.
Al intentar cerrar el programa, la administración Trump argumentó que el Sr. Obama había abusado de su autoridad y eludió al Congreso para crear DACA.
El presidente Trump instó al Congreso a encontrar un remedio legislativo para reemplazarlo y expresó su apoyo para dar a los Dreamers un camino hacia la ciudadanía.
Dentro de tres meses, es posible que puedan enviar una nueva solicitud, dijo Shafiqullah, «y finalmente puedan salir de las sombras, registrarse en DACA y, al igual que sus hermanos mayores, integrarse más plenamente en el tejido de nuestra sociedad «.
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