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Piden al presidente Alvarado vetar Ley de Justicia Restaurativa

En un documento conjunto, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público (OAPVD), la Fundación Rahab y el Instituto de Victimología de Costa Rica solicitaron al presidente de la República, Carlos Alvarado, vetar parcialmente el proyecto de Ley de Justicia Restaurativa.

Se oficializó la firma del acuerdo por parte de representantes de las tres instituciones, que manifestaron su posición respecto a la necesidad de introducir modificaciones en el expediente legislativo N° 19.935.

Allan Murillo, fiscal adjunto a.i. de la OAPVD, reiteró que el Ministerio Público no se opone a la modalidad de Justicia Restaurativa, pues, incluso, la ha apoyado con la creación de una Fiscalía dedicada a la materia, sin embargo, preocupa la redacción actual de la Ley.

“El proyecto de Ley atenta contra el principio de independencia funcional del Ministerio Público, pone en riesgo la sostenibilidad económica para la atención y protección de víctimas y testigos, y coloca en inferioridad de condiciones a las víctimas de delitos de la Ley de Penalización de la Violencia Contra la Mujer frente a sus agresores”, explicó Murillo.

En el acuerdo remitido al presidente Alvarado, las tres instituciones incluyeron las propuestas de redacción para corregir las inconsistencias en el texto.

La propuesta de reforma únicamente plantea modificar el artículo 14 inciso e) y el artículo 55, que introduce un nuevo artículo 6 bis a la Ley 8720, así se lee en su texto que señala lo siguiente:

“La presente iniciativa de ley propone derogar los incisos b) y f) que la Ley de Justicia Restaurativa incluyó en el artículo 6 bis de la Ley N°8720, Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, (…). Con esta derogatoria se pretende garantizar una debida protección a las personas víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales, en el marco de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Adicional a esto, se requiere reformar el inciso e) del artículo 6 bis de esta misma ley, porque debe precisarse que estos programas de autoayuda son para las víctimas de delitos de violencia patrimonial de la Ley de Penalización de
la Violencia contra las Mujeres, cuando así proceda, de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Justicia Restaurativa. Por esta razón, el texto del inciso e) debe redactarse de manera que no quede duda de que se trata de un ámbito de aplicación restrictivo”.

Con anterioridad, la fiscala general de la República, Emilia Navas y la presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres, Patricia Mora, hicieron criticas a la ley, sin embargo, la Asamblea Legislativa hizo caso omiso y aprobó el proyeto tal cual estaba redactado.

 

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