Tras conocer la decisión judicial, que dejó en libertad a casi la totalidad de los señalados en el «caso Pandora», la titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, manifestó su inconformidad al expresar que «fue un cuento mal contado».
Después de la distracción de los conductores de buses y taxis, que impidió ver con claridad hacia dónde se “transportaba” el caso de Pandora, ni dónde se bajarían sus ocupantes, el tema ahora entra en una etapa de calma.
Tras la lluvia de apelaciones que trajo consigo el caso de corrupción en Honduras, denominado por el Ministerio Público y por la MACCIH como “Pandora” y sin ningún ruido que “transporte” el interés público hacia otro lugar, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) está a la espera que les entreguen al menos siete bienes.
Eso al contar la OABI con la respectiva orden de recepción de siete bienes asegurados, por suposición de haber sido adquiridos con parte de los 282 millones de lempiras que en el año 2013 fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y con los que se habría financiado campañas políticas de al menos tres partidos.
Entre los bienes a incautar se encuentran la sociedad mercantil Las Casitas y tres casas o lotes en residencial Villa Universitaria en Tegucigalpa. Asimismo, está asegurado un inmueble en residencial Roble Oeste, en la capital, cuyos propietarios son Valery Nicol Quiroz Palma y Alessandra Nicoll Flamenco Palma.
En medio de la disuasión causada por la repentina tempestad del problema de transporte, también una lluvia de apelaciones por parte de los defensores de los imputados al “caso Pandora” cayo en la Corte Suprema de Justicia, que para fortuna de ellos dio resultados.
Así, la togada Lidia Álvarez decretó libertad con medidas sustitutivas a la prisión contra 25 de los 29 imputados que comparecieron a la audiencia inicial del juicio relacionado con el desvío. A otros dos se les dicto sobreseimiento definitivo y a un tercero, el difunto exministro de Finanzas William Chon Wong , su caso se cerró por haber perdido la vida.
De los 25 que gozan de la libertad limitada, 22 fueron acusados de lavado de dinero, delito que tiene una condena de 15 a 20 años, pero la jueza recalificó el delito a encubrimiento por recepción, que tiene una pena de tres a cinco años.
Los únicos imputados que recibieron prisión preventiva fue al exministro de la SAG Jacobo Regalado, acusado de abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. Y Jorge Alberto Zamora, quien decidió entregarse justo el día en que los demás eran favorecidos con la modificación de los delitos.
Los defensores presentaron recursos para solicitar el sobreseimiento definitivo, mientras que los agentes de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentaron sus objeciones y demandaron que sean enviados con prisión preventiva.
Este lunes 1 de agosto, comenzaron a firmar el libro de asistencia a los juzgados, todos los imputados que escucharán su juicio en libertad, siendo el primero en firmar el diputado Elvin Santos. Quien firmó a las 7:30 de la mañana.
Once datos más relevantes del “Caso Pandora”
Si en la mitología griega, Pandora fue la primer mujer creada por Zeus; en la realidad nacional Pandora es el último caso de corrupción denunciado, que llegó a sacudir las altas esferas de poder político y social en Honduras.
Quizá esa sea la razón por la cual, fue hasta 38 días después de haber sido dada a luz pública la denuncia, que fueron ejecutadas las primeras tres capturas, de las 38 contenidas en la acusación. Detenciones en donde no figuran los nombres que gran parte de la población esperaba ver.
Fue el 13 de junio que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) dio a conocer el desvió de más de 282 millones de lempiras y que habrían sido utilizados en la campaña política del año 2013 del presidente Juan Orlando Hernández. Y en la que también habrían metido mano dirigentes del Partido Liberal, incluso el FAPER de Andrés Pavón.
Los hechos sucedieron según la Misión antes de las elecciones de 2013 donde salió como ganador el actual mandatario Juan Orlando Hernández donde su partido es señalado de utilizar estos fondos en la elaboración de la tarjeta ‘La Cachureca’ y para pagar activistas dos días antes de ese proceso electoral.
La entonces portavoz interina de la MACCIH, Ana María calderón, expuso que los fondos fueron dirigidos a fundaciones, y de ahí redirigidos a otras personas e instituciones como el caso del Partido Liberal. Añadió que el 19 de noviembre uno de los imputados depositó ese mismo dinero a nombre del comité de campaña del Partido Liberal”.
La entonces vocera interina también refirió la compra de dos oficinas en torre Metrópolis y el pago de préstamos en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por un monto de 99 millones 30 mil de lempiras.
Dos días de haber sido publicada denuncia, la diputada del PINO-SD dijo que “La clase política tiene que poner las barbas en remojo, porque 150 años de corrupción que están debidamente documentados desde 1857 y que a estas alturas sigamos en lo mismo tenemos una alta responsabilidad”.
El 14 de junio, el jefe de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), Luis Javier Santos, presentó los 38 requerimientos contra igual número de señalados, entre ellos diputados, funcionarios del Ejecutivo y particulares.
Al día siguiente, el diputado por LIBRE, Jorge Cálix arremetió contra el Partido Liberal y a su criterio, los liberales no aceptaron la presidencia del Congreso Nacional porque había compromisos de por medio por el financiamiento de sus campañas con dinero malversado.
El 17 de junio se conoció del fallecimiento, por causas naturales, de uno de los implicados en “Pandora”; el ex ministro de Finanzas 2010-2014 durante el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa.
El 22 de junio El pleno de magistrado de justicia nombró finalmente un juez natural para el caso de supuesta corrupción conocido como ‘Pandora’, responsabilidad que recayó en la abogada Lidia Álvarez. Mientras que los miembros de la Corte de Apelaciones fue integrada por Jorge Zelaya, María Castro y Edwin Ortez.
En esa misma fecha, el diputado de LIBRE, Jari Dixón, manifestó su temor ante un fuerte rumor de modificaciones a la ley, como el artículo 184 del Código Penal, para cubrir las espaldas de los mencionados.
En dicho artículo se prohíbe que un imputado se defienda en libertad si es acusado de delitos graves como asesinato, violación, falsificación de moneda nacional, tráfico de drogas, terrorismo, entre otros que, por su puesto incluye la defraudación fiscal y prevaricato.
Este mismo día y, a pesar que la ley hondureña establece que cuando una persona es imputada por lavado de activos debe recibir autor de prisión, en esta ocasión el apoderado legal de los imputados reveló que presentaron un recurso de inconstitucionalidad para que se les permita defenderse fuera de la prisión.
El 25 de junio trascendió la información sobre la suspensión de 40 visas para los implicados en el caso de corrupción denominado por la UFECIC y la MACCIH como el caso ‘Pandora’, también a los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda, ambos nacionalistas e implicados en el ‘Pacto de Impunidad’.
Así, entre la bulla del recién finalizado mundial de fútbol y el actual caos que genera la huelga de transportistas, se coló la información de las primeras órdenes de capturas por el “Caso Pandora”; una denuncia que por momentos ha dado la sensación de haber escapado de la justicia, en trama de «prometeos» modernos, eso para hacer referencia al personaje mítico que le robó el fuego a Zeus.
¿Confía en que esta vez la impunidad quedará descalificada y campeonizará la justicia?
¿Usted qué opina?