El gobierno de EE.UU perdió 1.475 chicos latinoamericanos que cruzaron la frontera el año pasado sin la supervisión de ningún adulto o fueron separados de sus padres que están encarcelados a la espera de un juicio de deportación. Y se cree que pueden ser muchos más.
En los últimos dos años miles de padres mexicanos y centroamericanos, desesperados ante las nuevas medidas contra la migración tomadas por la Administración del presidente Donald Trump, enviaron a sus hijos sin custodia para que pudieran ser admitidos legalmente en Estados Unidos y, luego, ser reclamados por algún pariente que ya reside en el país.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) hizo una investigación interna que determinó que a fines de 2017 había 7.635 niños entregados por la agencia a familias de voluntarios y patrocinadores.
Cuando los asistentes sociales fueron entre octubre y diciembre del año pasado a comprobar el estado de los chicos se encontraron con que 6.075 todavía vivían con las personas asignadas, 28 se habían escapado, cinco habían sido deportados y 52 vivían con otra persona. Los restantes 1.475 nadie sabe dónde están.
La noticia se conoció hace dos semanas cuando Steven Wagner, un funcionario del HHS, dio su testimonio ante un comité del Senado que investiga la política migratoria de la CasaBlanca.
La información fue publicada este fin de semana por The Washington Post y desde entonces explotan las redes sociales con cuestionamientos al gobierno y al presidente Trump. Cientos de miles de tweets con los hashtags #WhereAreTheChildren y #MissingChildren están llamando a una acción global para encontrar a estos menores.
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La actriz Mia Farrow y otros de sus colegas de Hollywood pidieron explicaciones y se sumaron a la búsqueda de información sobre los menores. Este lunes, Memorial Day (recuerda a todos los caídos en las guerras), feriado en Estados Unidos, se realizaron marchas de protesta en varias ciudades, desde San Antonio, en Texas, hasta Los Angeles, en California, y Chicago, en Illinois.
En tanto, diferentes oficinas del gobierno se pasan la pelota de la responsabilidad unas a las otras y nadie está buscando efectivamente a los chicos desaparecidos.
La secretaría de Salud y Servicios Humanos dijo en un comunicado que no es responsabilidad de ese organismo encontrar a esos niños después de que ya no estuvieran en la custodia legal de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del HHS. Fueron anotados como simples menores no acompañados (unaccompanied alien children o UACs) y, por lo tanto, ya están fuera de su jurisdicción.
Y las organizaciones que luchan para detener la migración desde América Latina explican que es muy probable que estos chicos desaparecidos estén en custodia de parientes que ya residían en el país y que «simplemente no responden a los intentos de contacto del HHS por temor a que los deporten».
Obviamente, estos argumentos no hicieron mucho para calmar la indignación general. El senador Rob Portman, un republicano de Ohio que es presidente del subcomité del Senado que investiga el caso, argumenta que «se trata de una cuestión de humanidad, no de una simple responsabilidad legal».
Y expuso el caso de ocho menores que fueron detenidos en la frontera y entregados a los mismos «coyotes» (el apodo con el que se conoce a los traficantes en la frontera) que habían intentado pasarlos en forma clandestina. Los ocho chicos terminaron trabajando como esclavos en una granja de pollos de Ohio.
«Estos niños, independientemente de su estatus migratorio, merecen ser tratados adecuadamente, no abusados ni traficados», dijo Portman en el programa Frontline de la PBS. «Tenemos estos niños. Ellos están aquí. Están viviendo en nuestro suelo.
«Tenemos que cuidarlos como a cualquier otro niño americano», agregó. «Pareciera que al gobierno sólo le importa que no se haya violado ninguna ley y no si estos chicos están siendo explotados y arrojados a los lobos».
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El Fiscal General Jeff Sessions anunció a principios de mayo que el Departamento de Justicia adoptaba desde ese momento una política de «tolerancia cero» por la que comenzaría a enjuiciar a cada persona que cruzara la frontera sin la documentación correspondiente.
De esta manera, tendrían que cumplir con una condena de cárcel antes de ser deportados. Y desechó el argumento de la Unión Americana de Libertades Civiles que dice que muchos de los inmigrantes deberían ser tratados como «solicitantes de asilo» y, por lo tanto, no pueden ser castigados.
Sessions explicó que entendía que algunas personas huían de la violencia u otras situaciones peligrosas, pero «los Estados Unidos no pueden refugiar a todos los que en este planeta se encuentran en una situación difícil».
Y en un discurso que dio el mes pasado en Scottsdale, Arizona, aseguró que «si cruzas la frontera ilegalmente … entonces te procesaremos. Si contrabandeas a un extranjero ilegal al otro lado de la frontera, te procesaremos … Si estás traficando a un niño, vamos a castigarte, y ese niño será, probablemente, separado de ti como lo exige la ley. Si no quieres que tu hijo sea separado de tu custodia, entonces no los traigas al otro lado de la frontera de forma ilegal. No es culpa nuestra que alguien haga eso».
La consecuencia de todo esto es que los hijos de los padres que son deportados o permanecen detenidos en cárceles de la frontera a la espera de un juicio (pueden estar allí hasta dos años) son entregados por el Servicio de Inmigración y Aduanas en menos de 48 horas al HHS.
Todo esto es ya una política oficial, más allá de que no haya sido difundida ni presentada al Congreso, para evitar la entrada de inmigrantes indocumentados provenientes de AméricaLatina.
La secretaria de Seguridad, Kirstjen Nielsen, envió un memorandum confidencial a varios funcionarios del gobierno en el que asegura que «la presentación de cargos penales contra los inmigrantes, incluidos los que lleguen con niños de corta edad, es la forma más efectiva de controlar las fronteras».
El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John F. Kelly, también dijo en un programa de la NPR, la radio pública, que la separación familiar sería un «fuerte disuasivo» para evitar el cruce ilegal desde la frontera sur.
En tanto, se suceden las historias en la prensa estadounidense de familias separadas por los funcionarios de migración en la frontera: los tres hijos de una madre que venía huyendo de la Mara Salvatrucha de El Salvador fueron entregados a una familia de Arizona y ella permanece en prisión; también fue separado otro chico de 7 años de una madre congoleña que había pedido asilo; y un matrimonio de hondureños describió escenas desgarradoras del momento en que les quitaban a sus dos hijos de 4 y 7 años.
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De acuerdo al Florence Project, una organización de Arizona que da servicios legales y sociales a los inmigrantes detenidos, en lo que va del año hubo sólo en este estado más de 200 casos de padres separados de sus hijos.
«Es devastador, tenemos casos de madres a las que se las llevaron para interrogar y no supieron por semanas dónde se habían llevado a sus hijos. Yo mismo vi en un juzgado como le arrebataban a una mujer a su bebé de 13 meses mientras era llevada para deportarla. Eso es inhumano y salvaje en un país que se precia de ser la democracia más importante del planeta», explicó Laura St. John, directora jurídica del Florence Project a la cadena de televisión MSNBC.
En ese mismo programa, Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de inmigrantes de la Universidad de California, dijo que todo esto «no tiene precedentes. Es lo peor que he visto en 25 años trabajando en el tema. Estoy hablando de escenas desgarradoras en las que los chicos son llevados a la fuerza mientras gritan ‘mami, mami ¡no dejes que me lleven! ¡Quiero estar contigo!'». El HHS informó que el promedio de tiempo en que estos chicos están bajo su supervisión es de 34 días.
Más allá de la polémica, Trump insiste en la construcción del muro para separar totalmente a México de Estados Unidos: esta semana un grupo de especialistas designados por la CasaBlanca determinará cuál de los ocho modelos presentados para la construcción sería el más efectivo. Y los «coyotes» continúan con su antigua práctica de pasar migrantes por la frontera sin importarles demasiado los muros o la persecución de los guardias de migraciones.
En este contexto, los chicos desaparecidos parecerían ser apenas un «daño colateral» de ese «juego» del gato y el ratón que se viene jugando a lo largo del río Bravo/Grande desde hace más de un siglo.
Fuente infobae
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