Según el Ministerio Público, en las próximas horas estarían presentando los requerimientos fiscales para deducirles responsabilidades.
A partir del miércoles el Ministerio Público comenzó a procesar toda la documentación secuestrada en la Penitenciaría Nacional de Támara, para luego proceder a interponer los primeros requerimientos fiscales contra los involucrados en el escape de 18 peligrosos reos de ese centro penal.
Lorena Calixto, portavoz del Ministerio Público, manifestó que la información en poder de las autoridades, se analiza con la ayuda de fiscales especiales.
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La documentación secuestrada por la ATIC y los videos de las cámaras de seguridad podrían indicar la fecha y hora de la salida de los reclusos, a esto se suma las evidencias decomisadas de los privilegios estos tenían en sus celdas, como camas matrimoniales, televisores plasmas y otros electrodomésticos que servirán como prueba para castigar a quienes dirigían dicho centro penal.
Carlos Hernádez, director de la Asociación para una Sociedad más Justa, espera que deduzcan responsabilidades a los que han corrompido el sistema penitenciario del país.
Otros, como el miembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, Omar Rivera, son del criterio que el Ministerio Público deberá deducir responsabilidades y estas acciones deben iniciar desde los más altos rangos.
Como hemos hecho en la policía de arriba hacia abajo. En primera instancia la autoridad penitenciaria, los integrantes del INP, los directores de los centros, los custodios y quienes estaban a cargo de muchas responsabilidades a lo interno de las prisiones en el país”, aseveró.
Se ha conocido que por la fuga de los 18 cabecillas de la mara 18, estos habrían pagado 15 millones de lempiras, sin embargo, serán las investigaciones del Ministerio Público las que dirán si hubo o no dinero de por medio que materializara dicha fuga.
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Menores infractores
Las fugas de las cárceles del país, no son ajenas a lo que sucede en los centros de menores infractores, aquí también el escape de los recluidos en una constante.
Norma Cerrato, subsecretaria de Gobernación, asegura que la fuga de menores de los centros de rehabilitación obedece a la poca seguridad que existe en los mismos.
Y agregó que «deben tomarse medidas» y que para eso, «se está creando un nuevo centro que pronto estará en funcionamiento en Jalteva, que reunirá mejores condiciones de seguridad».
Solo en lo que va del año, de los centros de rehabilitación, han logrado fugarse 16 menores que están involucrados en varios delitos como asesinatos y extorsión.
En la actualidad, están recluidos en distintos centros un aproximado de 517 menores de edad, en su mayoría acusados en actos de extorsión.
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