Tras el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR) este martes, ya hay cuestionamientos por parte de algunos legisladores sobre ciertos miembros del nuevo grupo.
Los nuevos integrantes de la Junta son Haydee Mendiola, William Calvo, Adriana Céspedes, Shirley González, Luis Diego Vargas, Abel Salas y Carlos Alberto Hernández. Todos recomendados por el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, habló de la decisión del gobierno de nombrar a Mendiola, quien asegura fue donante de la campaña de Óscar Arias en 2006.
De acuerdo con la diputada, Mendiola aparece como accionista de la empresa Bouleaux Consuling Corporation, una sociedad creada por Mossack-Fonseca en 2012 en Islas Virgenes (un «paraíso fiscal«), según se reveló en la investigación los Papeles de Panamá.
“Apenas hace unos meses le pedí al señor Presidente que retirara al señor Alberto Raven Odio por su ligamen con sociedades de papel en paraísos fiscales. Hoy, el señor Presidente ha sacado al señor Raven, pero nombra en la nueva Junta Directiva a otra persona implicada en negocios con sociedades domiciliadas en los paraísos fiscales, los paraísos de la falta de transparencia“, aseveró Mora.
Según lo expresa Mora, el hecho de que un servidor público tenga participación en sociedades creadas en paraísos fiscales violenta las normas éticas. Como resultado del trabajo de la comisión que investigó los Papeles de Panamá se impulsó un proyecto de ley que prohíbe la participación de servidores públicos en paraísos fiscales.
“Esta señora está seriamente cuestionada desde el momento en que está vinculada directamente a una empresa off shore en las Islas Vírgenes Británicas”, insistió Mora.
El nombramiento de Mendiola no fue el único cuestionado.
Por otro lado, también surgieron dudas por otros legisladores que resaltaron que William Calvo fue vetado de manera unánime el 26 de mayo de 2014 por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Por su parte, la diputada Sandra Piszk se refirió únicamente a la desición del gobierno. “Al igual que una gran cantidad de abogados consultados, creo que esto es ilegal, lo que el Gobierno está haciendo. Una vez más, se están brincando todos los procedimientos legales e institucionales”, dijo la legisladora.
¿Usted qué opina?