Judiciales Titulares

Excomisionado de Policía y esposa de Wilter Blanco seguirán en prisión

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Ambos fueron capturados durante la Operación “Perseo” acusados de lavado de activos. Ayer se confirmó su auto de formal de procesamiento.

La Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán declaró «No ha Lugar» el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa del excomisionado de Policía, Jorge Alberto Barralaga Hernández y de Montse Paola Fraga Duarte, pareja del capo Winter Blanco.

La resolución data del 10 de enero del presente año, sin embargo, la decisión fue notificada hasta este mes.

La apelación ya fue conocida de igual forma por Agentes de Tribunales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) que, junto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ejecutaron el 31 de julio de 2017 la Operación «Perseo» donde se capturó a Barralaga Hernández, Fraga Duarte y otros implicados en lavado de activos.

Con esta determinación se confirma el auto de formal procesamiento y prisión preventiva logrado por la UF-ADPOL en la audiencia inicial y se continúa el proceso penal en contra de los encausados.

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La Operación Perseo comenzó desde hace más de tres años por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), pero hace año y medio fue la UF-ADPOL junto a la ATIC, quienes completaron la carga probatoria y presentaron los requerimientos fiscales y ejecutaron varios aseguramientos de bienes.

En total se aseguraron 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles entre los que están autobuses y camiones de carga, además se congelaron diversas cuentas bancarias y el allanamiento a varias sociedades mercantiles.

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Una de las residencias incautada al excomisionado de Policía

De acuerdo con los expertos forenses en delitos financieros, en este caso se movieron más de 1.900 millones de lempiras entre cuentas relacionadas de los imputados.

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Las indagaciones además muestran la existencia de un grupo organizado que durante un período de tiempo realizaron adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tiene justificación económica.

**Fuente: Ministerio Público
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