Edificio donde funcionará Ministerio Público pertenecía a reconocido narco

“Todos acá nos debemos y estamos sometidos a la ley, nuestra misión es procurar justicia, cerrar la brecha a la impunidad, que se castigue a los criminales, atacar la corrupción y servir a la ciudadanía sobre todo a los grupos sociales vulnerables”, expresó el funcionario.

En la cita estuvieron presentes el Subdirector General de Fiscalía, Juan Heriberto Martínez; el Subjefe de la Fiscalía Regional de Occidente, Humberto Gonzáles; la Coordinadora de la Fiscalía Local de La Entrada, Tania Hernández; el Supervisor Nacional, Neldin Fúnez; los Jueces del Tribunal de Sentencia, Adonirán Ulloa, Héctor Sandoval, Edgar Martínez y Marco Antonio Álvarez; el Jefe de la Defensa Pública, Mauricio Bautista y al Jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Edwin Ponce.

A renglón seguido, Duarte Portillo puntualizó los temas que a criterio del Ministerio Público siguen siendo un “talón de Aquiles” a nivel de la actividad judicial y que en ocasiones generan ciertas dificultades para dar una respuesta oportuna en la resolución de casos e impartición de justicia.

“Nuestra legislación procesal es clara, la prueba preconstituida no necesita control jurisdiccional, rechazarla por mero formalismo causa en serio perjuicio a las víctimas y peor en expedientes contra violadores o asesinos a los que dolosamente los dejan en libertad, de igual forma en lo concerniente a la juramentación de los peritos oficiales o que se debe de aceptar como manda la Ley, las declaraciones testificales bajo las formalidades de prueba anticipada en las causas graves en las que esté de por medio la integridad, seguridad y la vida de un ofendido o un testigo y en las que a toda costa debemos evitar la revictimización o un atentado”, señaló.

El Director de Fiscales añadió que otra situación que agravia la correcta administración de la justicia es el hecho de las fallas en que puede incurrir el policía a la hora de recolectar la prueba, o mucho más grave aún cuando se quiere implantar prueba falsa.

«En todas estas temáticas nosotros como Ministerio Público estamos obligados a actuar, no importa si se trata de un juez, un fiscal o un agente de investigación, tendremos que ejercer la acción penal en su contra, como ya lo hemos hecho o como lo estamos investigando, puesto que no toleraremos delitos de cualquier índole ya sea tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad, prevaricato, obstrucción o retardo injustificado de la justicia, fraude de ley, violación de los deberes de los funcionarios o cualquier otro conexo. Eso lo rechazamos, a lo único que estamos abiertos es a trabajar y les damos el mérito a ustedes que están en esa lucha», manifestó.

Asimismo, reflexionó sobre el trabajo objetivo que se está efectuando tanto para hacer valer los derechos de quienes son víctimas del uso excesivo de la fuerza de parte de agentes del orden como de representar a aquellos policías o militares que son agredidos en el cumplimiento de su deber.

Valoró, por otra parte, que las esperanzas de que el Estado sea más efectivo en investigar, judicializar y castigar a los delincuentes en la zona occidental del país, se irán materializado con la creación cm de la Oficina Regional de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Santa Rosa de Copán.

«Los juicios muchas veces en estos Tribunales de Justicia se ven perjudicado por el la falta de investigación técnica y científica, lo que cambiará ahora que la ATIC tendrá presencia de manera permanente en la región», dijo.

Una vez finalizada la reunión con operadores de justicia, el Director de Fiscales se trasladó al inmueble en que funcionará dentro de poco la Fiscalía local de La Entrada en ese municipio de Nueva Arcadia, el cual fue asegurado desde agosto de 2016 por parte de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) en el marco de la ejecución de la Operación Centurión, mediante la cual se incautaron 38 propiedades a Bernabé Escalante Andrade socio de Héctor Emilio Fernández Rosa «Don H» y Mauricio Castillo Sanabria socio del cartel de los hermanos Valle Valle.

«Ahora este bien inmueble pasará a ser parte del Ministerio Público y con ello mandamos un mensaje claro a los estructuras criminales, seguiremos desmantelando todas sus operaciones ilícitas, quitándoles sus bienes y poniendo esos recursos a la orden de las instituciones que luchan contra este tipo de flagelos y al servicio del pueblo hondureño», subrayó.