El caso de la piña nacional que denunciaron, es exportada a Estados Unidos y Europa como orgánica sin serlo, cobró nuevas dimensiones, pues los diputados pidieron en su informe que el Ministerio Público investigue a los altos jerarcas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Así lo decidió a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, que respaldó, con una votación de 4 a 3, el informe de subcomisión.
Dicho informe concluyó que la denuncia presentada por la Cámara Nacional de Agricultura Orgánica (Canagro) “podría constituir un aparente fraude a la normativa orgánica y a los deberes de los diferentes operadores, auditores y servidores públicos involucrados”.
Los legisladores piden que se investigue si los hechos descritos, podrían constituir el delito de incumplimiento de deberes o abuso de autoridad en los casos de Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura y Ganadería; Ivannia Quesada, viceministra de Agricultura y Ganadería; Marco Vinicio Jiménez, director del Servicio Fitosanitario del Estado; entre otros.
De la misma forma, recomienda valorar e investigar el aparente delito de fraude de ley en función administrativa en las mismas personas arriba señaladas, además de los funcionarios que resulten responsables de Primus Labs, agencia certificadora auxiliar de la función pública; Humberto González, gerente de Kiwa BCS OKO (agencia certificadora auxiliar de la función pública) y otros funcionarios que resulten responsables de la misma agencia certificadora; Karla Morales, jefa del Departamento de Acreditación y Registro en Agricultura Orgánica del SFE y Roberto García Salazar, inspector del SFE.
El informe también recomienda investigar la posible comisión de los delitos de prevaricato, falsedad ideológica o falsificación de documentos públicos o privados y perjurio o falso testimonio, a distintos funcionarios y representantes de empresas.
Canagro, cuyos miembros cubren el 95% de la producción nacional de piña orgánica, acusaron a las empresas Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A., todas con sede en San Carlos, de exportar piña tradicional haciéndola pasar por orgánica basándose en un informe realizado por el ingeniero del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) José Miguel Jiménez.
Luego del análisis de declaraciones juradas y documentación presentada, los legisladores que conformaron la subcomisión que rindió el informe (José Francisco Camacho, Julio Rojas y Víctor Morales) consideraron que “no existieron los insumos ni se cumplieron los plazos de transición para que en el caso cuestionado se diera una operación realmente orgánica”.
Los diputados también validaron el informe realizado por el ingeniero José Miguel Jiménez, el cual fue cuestionado por los representantes de las empresas Del Valle Verde Corp S.A., LyL Proyectos MMV S.A. y Congelados y Jugos del Valle Verde S.A, así como por las empresas certificadoras.
“Un elemento que ha sido planteado durante el trabajo de investigación como aspecto importante para desvirtuar todo el trabajo de investigación desarrollado por el SFE a través del Ing. José Miguel Jiménez Méndez ha sido la indicación formulada tanto por el compareciente Humberto González, gerente General de Kiwa BCS Oko como por el compareciente Luis Brenes Ingianna, representante de Primus Labs, en el sentido de que con posterioridad a la investigación del señor Jiménez Méndez, las agencias realizaron pruebas de laboratorio y no detectaron ningún residual de agroquímicos en las muestra tomadas en las operaciones de las empresas del Grupo Valle Verde”, asegura el informe.
Asimismo, los legisladores recalcaron que la producción de piña orgánica es una actividad que supone cuidados muy rigurosos y costos muy altos, con insumos específicamente autorizados para ello.
«Si se tolera en el mercado actores que no se atienen a las reglas que el Estado define se está no solo tolerando el fraude en perjuicio de los consumidores, sino también arriesgando el mercado mismo (la reputación país), desmejorando los niveles de precios, y también atentando contra la estabilidad económica de un importante conjunto de productores, procesadores y comercializadores, que están asumiendo costos mayores y viendo desaparecer los márgenes de utilidad que necesitan para la operación apropiada de sus proyectos”, indicaron los diputados.
¿Usted qué opina?