La reforma al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT) es vista con buenos ojos por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que ve en ella una forma de fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Con esta reforma, todas las empresas estatales estarán obligadas a entregar al IVM hasta un 15% de sus utilidades, incluidas las que están en régimen de competencia, como el los bancos Nacional y de Costa Rica, o instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Refinadora Costarricense de Petroleo (Recope), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y Acueductos y Alcantarillados (AYA).
Según lo destacó el gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, el incluir a las empresas que se encuentran en el régimen de competencia generaría un impacto económico positivo lo que permitiría fortalecer las finanzas del citado régimen. Cabe destacar que en los últimos años, la CCSS se ha enfocado en analizar opciones que permitan garantizar la solvencia de este régimen de Pensiones.
El funcionario también explicó que la consideración de que las empresas que ya se encuentren cumpliendo con las obligaciones del artículo 78 sean excluidas de la aplicación del transitorio respectivo es también un acierto, pues evita que se produzca un retroceso en lo avanzado en cuanto al pago que realizan otras empresas estatales.
El gerente de Pensiones dijo adicionalmente, que el fijar en un 15% de las utilidades el monto de contribución de las mencionadas empresas da agilidad al cobro y pago respectivo, al haber una definición clara.
La CCSS realizará los cálculos correspondientes a los nuevos ingresos y el impacto que generará en sus finanzas, una vez aprobada la reforma. El martes anterior la Asamblea Legislativa aprobó la reforma en primer debate.
El IVM cuenta en este momento con 258.645 pensionados y 1.5 millones de personas cotizantes. En este momento es el régimen de pensiones más grande del territorio nacional.
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