Fallido intento por sacar a Lula da Silva de la cárcel. El objetivo de los diputados era claro: no es lo mismo un ex presidente preso, del que cada vez se habla menos, que un ex presidente libre para poder hacer campaña electoral.
Brasil vivió este domingo un conflicto judicial por la potencial liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), condenado y encarcelado por corrupción. El juez de apelación Rogerio Favret (F-4), una corte de segunda instancia, ordenó su puesta en libertad urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar.
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El juez Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia —y quien condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión—, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia del magistrado Favreto que ordenó liberar a Lula.
Un tercer juez, João Pedro Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino bloqueando también la orden de excarcelar al expresidente. Pero Favreto insistió en su decisión y horas más tarde volvió a decretar la liberación del político del PT.
Ante este conflicto entre jueces, le tocó el turno al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal. Thompson, finalmente, decidió el domingo por la noche mantener a Lula en la cárcel.
El juez Favreto, que estaba de guardia en el Tribunal Regional Federal-4, aceptó la petición de habeas corpuspresentada por diputados del PT para que el exmandatario abandonara la cárcel en la que se encuentra desde el pasado 7 de abril.
El líder del Partido de los Trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales por aceptar un tríplex de lujo en São Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos.
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El expresidente encabeza todas las encuestas, aunque el Tribunal Superior Electoral podrá suspender la candidatura a partir de agosto debido a su condena en segunda instancia. Favreto señalaba también ilegalidades en la decisión de encarcelar al expresidente.
El expresidente Lula ha agotado prácticamente la segunda instancia y solo le queda acudir a los altos tribunales para revertir la condena. Sin embargo, una condena en segunda instancia ya es suficiente para impedir que una persona se presente a unas elecciones, según la legislación brasileña. Aun así, el Partido de los Trabajadores, que ha apostado por el discurso de que el expresidente es un preso político, insiste en su candidatura.
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