La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció que la reforma a la Ley de Presupuesto que realizó el Congreso Nacional frena las investigaciones del organismo de la OEA.
[jwplayer J5Rh5qHp]Fue presidente de la bancada nacionalista Mario Pérez quien rechazó las opiniones llegadas desde la MACCIH, porque considera que esas versiones no se ajustan a la verdad y que hay una mala interpretación del “espíritu” aprobado en el Congreso Nacional, subrayó.
“El decreto que el Congreso aprobó va orientado a hacer una investigación total, pareja, que abarque a todos los que han sido diputados desde el período de ‘Mel’ Zelaya y Roberto Micheletti en el Congreso hacia adelante” expresó Pérez.
Él considera que “todos los subsidios recibidos por los diputados que iban destinados a proyectos en las comunidades, a ayudas para la gente, a programas sociales; que los auditen que los investiguen para ver cómo se manejaron esos fondos”, enfatizó.
Expectativa que la hizo extensiva a las ONG’S, que también reciben ayuda del gobierno para trabajar en esos temas. “Y que si en ese proceso de investigación hay o se encuentran indicios de que hay algo ahí obscuro, algo anómalo; entonces que identifiquen al Ministerio Público para decir la responsabilidad que en derecho correspondan”, consideró el jefe de bancada nacionalista.
En tono exaltado manifestó. “¡eso es lo que el Congreso aprobó! Yo no sé por qué se ha mal interpretado”, para refrendarlo, se basó en lo que dice la Constitución y todo el marco legal al respecto.
“Y apegado a ello fue que el Congreso emitió esa orden para que se cumpla de manera inmediata”.
Aquí lo manifestado por Juan Jiménez Mayor. [jwplayer 9CIoM2VP]Jiménez explicó que el cambio, aprobado por el Congreso el 18 de enero, «pretende frenar las investigaciones presentes y futuras de altos funcionarios que se han apropiado de dineros públicos».
Jiménez Mayor manifestó que la reforma establece un nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales, incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Curiosamente antes de ser conocida la resolución judicial en torno al caso de la “red de diputados, Jiménez Mayor parece haber intuido qué pasaría en pocas horas cuando expresó.
La norma podría favorecer la impunidad en el caso «red de diputados» que manejó fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales, según el abogado peruano de la MACCIH.
¿Usted qué opina?