Aunque algunos congresistas afirman que los trabajadores llevan todas las de ganar, hay quienes señalan que son los únicos que corren el riesgo de perder.
Polémica ha causado la aprobación en el Congreso Nacional esta semana de la Ley de Inclusión Financiera y Consolidación de Deudas, que según los proyectistas busca facilitar el acceso al crédito a los aportantes de los entes de previsión social.
No obstante, hay sectores que tienen sus reservas y opinan que esta ley pone en riesgo dichos recursos.
El dirigente obrero José Luis Baquedano considera que aquí los grandes ganadores serán los banqueros y el gran perdedor es el trabajador, porque le van a prestar su propio dinero y va a tener que pagar altos intereses por él.
En ese sentido, explica que esa es la gran diferencia que existe con los préstamos que otorga el Rap, que los da de forma directa, mientras que con esa nueva ley se hará a través de los bancos, quienes manejarán los fondos y se beneficiarán de los intereses que generen.
Refieren que con esta normativa los ahorrantes de los entes de previsión podrán solicitar créditos para diferentes propósitos, principalmente la creación de pequeñas y medianas empresas, mediante fideicomisos con la banca privada, utilizando como garantía sus aportaciones.
Indican que los institutos de previsión desde hace tiempo venían solicitando la posibilidad de invertir los recursos que captan de sus aportantes en algunos negocios o inversiones mixtas con Coalinza para eficientar más la economía de sus entidades.
Están tocando fondos sagrados
Dirigentes magisteriales consideran que con esta ley que aprobaron están tocando los sagrados fondos de los maestros y de todos los trabajadores que aportan a un instituto de previsión, ya que están pasando los ahorros de toda su vida a la banca privada, por lo que indicó que no están dispuestos a permitirlo. “No cederemos nuestras cotizaciones a la banca, lo impediremos en la asamblea del Inprema”, afirmó.
Capital para la nueva oligarquía
Por su parte, el diputado por Libre, Bartolo Fuentes, señala que para comprender los alcances y efectos de esta ley se le debe vincular con otros proyectos de ley que fueron aprobadas antes en el Congreso, porque juntas forman parte de una estrategia del gobierno actual para capitalizar a una nueva oligarquía que el presidente está formando en Honduras.
En ese sentido, indica que el objetivo del Estado es utilizar esos recursos para hacer inversiones manejadas por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), principalmente relacionadas a obras de infraestructura, como ser carreteras e hidroeléctricas.
“Es un negocio redondo. Esta nueva oligarquía que está formando el presidente no ha podido acumular capital, y han puesto sus ojos en los miles de millones de lempiras que están en el Rap, el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), del Instituto de Previsión Militar (IPM) y del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Inpreunah).”, sostiene.
Indica que en el mejor de los panoramas se invertirá ese dinero en condiciones bastante favorables, los bancos se lucrarán por manejar el fideicomiso y devolverán los recursos al fondo de pensiones, pero se corre el riesgo de que uno de estos bancos se declare en bancarrota y en esa situación si habrán afectados, como ocurrió con Banhcrecer y BanCorp.
Esto asegura la directiva del Congreso
Autoridades del Congreso Nacional indicaron que “la idea es que los aportantes tengan la oportunidad de volver a usar su dinero para necesidades reales y se les den créditos a los sectores estratégicos en la economía del país, principalmente por medio de los institutos de previsión social”.
Los directivos del CN que esta ley, aprobada el pasado miércoles, fue consensuada entre el sector laboral y empresarial.
“El objetivo es que los beneficiarios puedan atender necesidades prioritarias como educación, salud, vivienda y producción a través de las Mipymes, así como la readecuación y consolidación de sus deudas, lo que tiende a mejorar su situación patrimonial y de sus familias”, explicaron.
Beneficiará a miles de hondureños
El comisionado y asesor del Programa Nacional de inclusión Financiera, Roberto Carlos Salinas, sostiene que esta ley viene a beneficiar a todos los usuarios que han estado endeudado por el uso de las tarjetas de crédito, manifestando que “La idea es que la población use su dinero para necesidades reales y que les faciliten créditos a los sectores estratégicos en la economía del país, principalmente por medio de los Institutos Sociales en rentabilidad, seguridad y liquidez”.
¿Usted qué opina?