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Abelino Esquivel niega haber despedido a funcionarios que lo denunciaron.

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Según denuncia publicada este domingo, durante varios meses del año anterior, tres funcionarios contratados por el diputado del partido Renovacion Costarricense, Abelino Esquivel. fueron extorcionados por el legislador para poder continuar con su puesto.

Así lo denunció en el medio digital PulsoCR, Alvaro Oconitrillo, uno de los afectados, quien dijo que debía sacar mensualmente una suma elevada de su salario para entregárselos al diputado, ya que esta fue una de las condiciones para ser contratado. La misma suerte corrieron otros dos compañeros del ahora denunciante.

En total el congresista recibía la suma mensual de 575,000 colones por parte de sus tres colaboradores. La periodista Joselyn Rodríguez, debía depositar el monto de 62.500 por quincena, es decir, 125 mil al mes. Oconitrillo depositaba 400,000 mensuales y por ultimo Shirley Marin quien desembolsaba 50,000 por mes.

El diputado manifestó por medio un comunicado de prensa, que es cierto que los funcionarios han hecho depósitos a la cuenta bancaria de Wray Esquivel, en donde se lee que dichos depósitos, son contribuciones al Partido Renovación Costarricense y no diezmos, al como se dijo en un principio.

Ademas, señaló que a los funcionarios indicados, no  fueron despedidos, tal como circuló este lunes.

«Quiero aclarar que a los funcionarios indicados, no se les ha despedido por parte del suscrito como ellos han afirmado, más bien deseo subrayar que el personal de confianza de mi Despacho, como ellos, así como el de todas las fracciones políticas, finalizan su contrato el próximo 30 de abril del presente año», indicó el legislador.

Es decir, ya de por sí, tanto a los tres denunciantes, como al diputado, les queda una semana de trabajo, ya que la nueva Asamblea Legislativa entra a trabajar el próximo martes.

Qué dice la ley

No obstante, el Código de trabajo es claro en señalar que este tipo de exigencias son ilegales y que en caso de hacerlo, el patrono se expone a multas de entre uno y 22 salarios base.

“(Está prohibido) exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en general”, dice el el inciso B del artículo 70.

Si la situación llega hasta tribunales, Esquivel podría ser sancionado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con multas de entre ¢430 mil y ¢10 millones.

 

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